DATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“

 

 

 

 

 

"Si usted no vende, la viuda vende”, es la última frase que muchos campesinos colombianos se ven obligados a escuchar durante el conflicto antes de abandonar sus tierras para siempre. Este robo de fincas en Colombia continúa consolidándose gracias a una alianza empresarial y paramilitar. Mediante el uso de la violencia y las amenazas, grandes fortunas y empresas han expulsado a cientos de miles de personas de sus hogares. Esta usurpación tiene un único objetivo: el enriquecimiento y la instauración de grandes cultivos intensivos.  

​

Colombia es uno de los enclaves geográficos más destacados de Sudamérica y una de las economías emergentes del continente. Su proximidad con Panamá, centro comercial por excelencia de la América Latina, y su variedad de recursos naturales, con la posibilidad del cultivo de coca, hacen que surjan disputas por el dominio de terrenos para su uso agrícola, ganadero y también de tránsito de mercancías ilegales. Esta última práctica se acentúa en regiones como el Urabá antioqueño, zona limítrofe con el estrecho de Panamá, donde, debido a su importancia geoestratégica, grupos paramilitares aprovechan la inestabilidad de la violencia que vive el país para despojar a los campesinos de los terrenos que llevan generaciones cultivando.

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fenómeno parecía haber disminuido tras los acuerdos de paz con las FARC, cuando el Estado Colombiano centró sus esfuerzos en sacar la verdad a la luz y reconciliar a todo un país. En el desarrollo de estas políticas nació el órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo fin es juzgar a aquellos que cometieron delitos a lo largo del conflicto. La lectura de las sentencias emitidas por esta institución permite observar que muchas de las tierras usurpadas ya están siendo retornadas a los dueños legítimos, obligando así a los actuales poseedores a devolver los terrenos.

​

Sin embargo, un estudio comparativo de las mismas arroja un dato preocupante: muchos de los nuevos poseedores son grandes empresarios que han acumulado una gran cantidad de tierras en los años del conflicto en zonas en las que había mucha presencia paramilitar. Los siguientes gráficos, que han sido elaborados en base a la información aportada por las órdenes judiciales, revelan que en los lugares donde hubo mayores desplazamientos forzados se concentra el mayor número de masacres paramilitares, y también una gran cantidad de empresarios a los que se ha obligado a devolver las tierras que poseen actualmente.  Esto invita a pensar que tal vez los paramilitares no actuaran por conciencia propia, sino movidos por un interés empresarial de fondo.

​

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

 

 

 

Darío Gómez Gómez, sociólogo y exiliado colombiano, da cuenta de esta realidad. En base a su experiencia y un análisis férreo afirma que “el proceso de concentración de tierras se ha dado producto de la violencia. Si se mira cómo se han formado las grandes haciendas todo son historias de agresividad, armada y de todo tipo. Acorralas al otro hasta que te tenga que vender porque tenés el poder. Para esa visión del mundo feudal que se promueve desde el punto de vista conservador, tener tierra es un gran negocio y una fuente de poder”.

​

El sociólogo cree que la única alternativa para mejorar esta situación es “una política democrática en lo económico, social y político que permita que la vida del campo sea viable, porque con los niveles de abandono y violencia que hay en el entorno rural es un riesgo vivir” y reconoce que Colombia es un país sumergido en una oscuridad muy grande al no entender que las discrepancias ideológicas pueden tramitarse sin violencia.

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión del exiliado colombiano se refuerza gracias a los datos obtenidos tras las sentencias judiciales. Estas demuestran que aquellas regiones que tienen una mayor cantidad masacres paramilitares son, a su vez, las que cuentan con más condenas a empresarios por robo de tierras. En este siguiente gráfico se representa, en función del territorio, la relación entre el número masacres paramilitares y empresarios a los que se les ha ordenado devolver las tierras. Aparecen solo las zonas donde más se acentúa la acción y se comprueba que, en efecto, coinciden ambas variables, especialmente en la región del Urabá antioqueño y en Montes de María.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es casual que el Urabá antioqueño esté a la cabeza del fenómeno de desplazamiento forzado. Para los grupos armados esta zona ha sido considerada históricamente un territorio estratégico.  Las disputas no son recientes, sino que vienen desarrollándose desde los años 80, cuando miembros de la EPL y las FARC ya luchaban por su dominio. Es un lugar de gran interés por su posición estratégica y sus recursos. En ella se han detectado altos índices en materia de vulneración de Derechos Humanos contra la población civil, especialmente en los casos de desplazamiento forzado. Es por este motivo que muchos empresarios parecen haber elegido la zona para emplazar sus proyectos de agricultura intensiva.

​

Las declaraciones del sociólogo colombiano se nutren de testimonios de distintos campesinos que, obligados a vivir sobre el asfalto de las ciudades, están comenzando a narrar sus historias. Este es el caso de Laureano Gómez, quien asegura que “Urabá era un paraíso antes de que llegara la violencia paramilitar”. El campesino colombiano acusa a los empresarios de varias regiones de haberse unido para formar un grupo de “delincuentes matones”. Narra como “llegaban a la finca y nos decían que la necesitaban. Entonces uno decía ‘pero yo no la vendo’ y ellos contestaban ‘si usted no vende, entonces la viuda vende’”. Laureano Goméz asegura que entonces se vio obligado a “vender por cualquier chichiua (cosa de poco valor)” y emigrar al municipio de Chigorodó.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

 

La realidad es que en Colombia hubo dos patrones de víctimas dentro del campesinado: los que tuvieron que abandonar por las amenazas de grupos paramilitares aliados con empresarios, que les hacían huir o vender sus fincas, y los que emigraron por miedo a que les afectara la disputa entre paramilitares y guerrillas. Darío Goméz llega a afirmar que, en Colombia, la tierra es el nudo del conflicto. Denuncia que, en última instancia, “los campesinos que han tratado de resistir en el campo siempre han sido acorralados”. El sociólogo explica que las condiciones de los campesinos asalariados son miserables y el seguimiento del Estado de los contratos de trabajo es imposible debido a los niveles de violencia bajo los que se convive. “Ni en la ciudad funciona fácil porque hay mucha corrupción. Si el señor hacendado, además, es aliado de los paramilitares, el inspector de trabajo no va a ir a revisar, le da miedo”, expone Darío Gómez de forma tajante, y concluye con una idea clara: “el campo funciona así, bajo las condiciones de la informalidad, ilegalidad y violencia”.

​

Es necesario tener en cuenta además que, en regiones como Urabá, el desarrollo de los procesos judiciales ha sido muy complicado. En zonas en las que empresarios muy poderosos se han hecho con una mayoría de tierras, se observan bajos índices de sentencias favorables para los campesinos. El siguiente gráfico se hace eco de esta realidad. En él se ponen en relación el número de desplazados y el número de sentencias, con lo que se aprecia que no aumentan de manera paralela, como debería ocurrir en un supuesto lógico.  Esto demuestra que, de tener todos los datos de los empresarios usurpadores, la tesis de la alianza empresarial-paramilitar se haría más evidente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Paez, campesino y líder de restitución de tierras, destaca esta relación. Afirma que “la institucionalidad ha atacado más a la pequeña parcela que a la gran finca”. El activista colombiano apunta que detrás de esto se esconde que “quienes se quedaron con aquellas parcelas fueron los que hicieron el favor al empresario, mientras que este se quedó con la gran finca. En el tema de restitución a día de hoy, y me atrevo a decirlo así, al expresidente Álvaro Uribe Vélez no le han quitado un solo céntimo de tierra. Y en Urabá tiene más de doscientas mil hectáreas. Allá no avanza la restitución porque las tierras las tiene un gran empresario”. Con valentía y tristeza concluye que “atacan a los líderes para que no ataquen a los empresarios”.

​

El líder colombiano asegura que “la voluntad la tenían los empresarios y las fuerzas políticas, que se combinaron con grupos ilegales. En Urabá si preguntas a cualquier campesino quién lo hizo salir, le va a decir que un grupo paramilitar… Pero si damos la vuelta y buscamos los documentos de esa finca, en la actualidad los tiene un empresario que es ministro, senador o presidente”.

​

En Colombia la combinación de violencia, intereses económicos y políticos y corrupción sigue obstaculizando el camino hacia la paz. La red de abusos se va deshilachando y los procesos judiciales cada día permiten a más campesinos regresar a sus tierras. Pero esto no es suficiente, Darío Gómez considera fundamental realizar una defensa de la economía campesina. Su semblante, tan serio como se ha mantenido a la hora de desarrollar su análisis, apenas refleja cambios según da forma a su discurso. “Yo creo que en Colombia el mundo agrario es Colombia misma”, asegura, “debería fomentarse llevando servicios del Estado al campo, de tal manera que sea posible cerrarle el paso a la violencia y vivir”.

​